A mediados del año 1956, una Comisión Especial creada por la Resolución Núm. 77 del Senado, realizó un estudio sobre la producción, elaboración y distribución de leche en Puerto Rico. El estudio reveló que la Industria Lechera estaba en crisis debido a las deficientes relaciones comerciales que existían entre los elaboradores y entre éstos y los productores de leche. Los esfuerzos de productores y elaboradores para resolver el caos de la Industria Lechera, habían sido inútiles porque no habían obtenido acuerdos satisfactorios. De continuar dicha situación se produciría un colapso total de esta importante industria.

En vista de la crítica situación prevaleciente y contestando al clamor de los productores y elaboradores de leche en la Isla, se aprobó el 28 de junio de 1956 la Ley 106, más tarde derogada por la Ley Núm. 34. Esta Ley se aprobó para reglamentar la Industria Lechera y disponer la creación de un Fondo para su Fomento; crear la Oficina del Administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera, determinar sus poderes y facultarla para reglamentar dicha Industria.